Temporal en Canarias: Educación pretende hacer descuentos al profesorado tras suspender clases


El pasado día 3 de marzo el Gobierno de Canarias decretó que debido a un Fenómeno Meteorológico Adverso suspendía las clases el día 4 de marzo en todas las islas excepto en Lanzarote y Fuerteventura.

Llamaron a la población a tomar precauciones. A no salir de casa si no era necesario. Dieron consejos en español y en inglés. Y en los mensajes que se dirigían a la población con relación a las clases se insistía en que quedaba suspendida la actividad académica.

En los últimos día y según recoge la página web del sindicato STEC-IC y de CCOO “se han recibido en los centros educativos escritos de inspectores/as de zona/s solicitando una relación de profesorado asistente y ausente al centro/s el día de la suspensión de las clases por alerta”.

Toda esta situación está creando alarma entre el profesorado ante el posible intento de la Consejería de Educación de realizar descuentos al profesorado. ¿Es esta la forma fácil que tiene el gobierno de Canarias de recaudar dinero? ¿Por qué no respondió ante las reiteradas preguntas que se realizaban vía web y twitter a las dudas del profesorado?
Si la Consejería desea que acudamos a los centros en situaciones de alerta debiera establecer los correspondientes protocolos para que sepamos a qué atenernos. Queda muy feo, Sr. José Miguel Pérez que este asunto esté sobre la mesa. Dice muy poco de su supuesto talante abierto y negociador, el estar permanentemente poniendo al profesorado en la picota. ¿Qué íbamos a hacer ese día en el centro? ¿Secar el agua? ¿Y la seguridad de los que tenían que trasladarse por carretera? Y pregunto : ¿por qué se llama a los centros y se obliga a desalojar a las 10 de la mañana? ¿Estamos o no estamos?
Sr. Pérez aclare la situación de una vez por todas y sea respetuoso con la labor del profesorado. Sabemos al servicio de quién estamos y a quien tenemos que servir. Sean claros y rotundos si la normativa nos obliga a asistir a los centros en cualquier condición. Por otro lado apelo a la responsabilidad de los directores/as de los centros para no entrar en una labor fiscalizadora. Sabemos que la labor directiva se apoya cada vez menos en normas democráticas y que prácticamente no representan para nada al profesorado pero en esta ocasión sería de sentido común hacer caso omiso a órdenes que no se apoyan en normativa conocida. Lo contrario sería acrecentar distancias. ¿Qué información van a enviar si tampoco estaban en los centros? ¡Ya está bien de criminalizar a la profesión docente!

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